“Sólo quiero que mis hijos estén bien, ellos se dan cuenta de que su papá no está, y no lo están pasando bien, están recibiendo ayuda profesional, pero siento que no se les está auxiliando lo suficiente, me siento frustrada como madre al no poder hacer más”, afirmó Pilar Soto, viuda del estibador Adolfo Ruiz Ortega, fallecido el pasado 19 de enero cuando cayó al vacío de una altura de cerca de 11 metros, mientras desarrollaba faenas para la firma Ultraport.
La madre de 3 hijos interpuso el pasado 1 de marzo una demanda por indemnización de perjuicios ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, donde se exige el pago de 600 millones de pesos. Conforme a los antecedentes adjuntados a la causa, su esposo murió por una caída, que pudo haber sido evitada, si es que él hubiese estado utilizando los elementos de seguridad exigidos para ejecutar sus faenas.
La acción dirigida en contra de la firma Ultraport, y subsidiariamente contra Ultramar, expone que la empresa no velaba porque sus funcionarios ocuparan el arnés de seguridad o cable de vida pertinente para el trabajo en altura, considerando que Ruiz se precipitó al vacío sobre la cubierta de la nave, sufriendo lesiones de tal gravedad, que minutos más tarde le costaran la vida.
En la demanda se hace presente que “si el empleador no hubiera violado las disposiciones de la autoridad marítima, el trabajador debió haberse desempeñado con su arnés de reglamento, y con una cuerda de vida, lo que hubiese evitado su fallecimiento, ya que la caída de esa altura se hubiere evitado, o por lo menos hubiese tenido consecuencias leves”.
Como antecedente, se aportó el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, en cuyo informe se detectan y notifican el 3 de febrero las siguientes infracciones: no llevar correctamente el registro de asistencia el día 19 de enero en el segundo turno; no mantener en buenas condiciones de funcionamiento la maquinaria de levante (spreader) que se utiliza en la operación de izaje de carga de los contenedores al constatarse que el equipo tenía una cuerda de seguridad más corta que la otra, por lo que se cursó una multa de 40 UTM. Asimismo, consigna que no se le habría entregado al trabajador accidentado el equipo de protección de caídas según lo establece la autoridad marítima (multa de 30 UTM).
Además se detectó que no se contaba con un procedimiento de trabajo seguro completo para el desarrollo de la carga y descarga de contenedores, falencias en las operaciones del comité paritario y no acreditar documentalmente que los elementos de protección entregados a los trabajadores contaban con la certificación de seguridad requerida.
El duro diario vivir
Pilar Soto, la viuda del trabajador, reconoció que tras el fallecimiento de su esposo, la situación se ha tornado muy dura para su familia, asegurando que ha visto con profundo pesar cómo sus tres hijos se han ido sumiendo en una tristeza que le atemoriza, ante el fantasma de que puedan sumirse en una depresión.
“Ya todos saben que el papá no está. El más pequeño le habla al cielo y pide que lo llevemos al cementerio para verlo, el del medio está muy afectado, se queda en blanco, él me tiene muy preocupada. Y el mayor está enojado con todo y todos”, compartió la mujer, quien, casi a escondidas de sus hijos, se desahoga con La Prensa Austral.
Admitió que la empresa, a través del Instituto de Seguridad del Trabajador (IST), ha costeado la ayuda psicológica para sus hijos, aunque estima que, ante la evolución de ellos, no ha sido del todo efectiva.
Agradeció la recepción que los profesores le dieron a sus tres hijos en su retorno a clases, y espera poder tener una evaluación médica del estado de la salud mental de ellos, y poder evitar un cuadro de mayor complejidad, tema que evidentemente la sobrecoge.
fuente: laprensaaustral.cl