El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberá pronunciarse sobre la intención de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), de modificar una barrera accionaria. Actualmente, el concesionario del frente de atraque N° 2 es controlado en 65% por Saam (35%) y Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB, 30%) -ambas ligadas al grupo Luksic-, y busca cambiar la restricción vertical que les impediría a esos dos accionistas tener en conjunto sobre 40% de la firma.
Esto, luego de que un informe de 2014 del TDLC, a solicitud de la estatal Empresa Portuaria Antofagasta (EPA) y en el marco del establecimiento de condiciones para la licitación de otro frente de atraque (N°1), señaló que el FCAB -ligado a Antofagasta Plc- es un usuario relevante en relación con ese terminal portuario, figura que hasta entonces no tenía.
Esa mención cambió el panorama de ATI, ya que los usuarios relevantes -quienes por sí o en conjunto con relacionados actúen en el mercado de carga marítima- no podrían tener más del 40% de las acciones.
Ante esto, en julio de 2015, el puerto de los Luksic -donde Empresas Navieras del grupo Urenda tiene un 35%- solicitó a EPA que se pronuncie sobre el aumento del umbral de la restricción desde el 40% al 60%, mismo porcentaje que se estableció para la licitación del frente de atraque N° 1, proceso que aún no parte. EPA tomó cartas en el asunto y concurrió este mes al TDLC para solicitar alzar esa restricción. Para eso presentó informe de Butelmann Consultores, ligado a la ex ministra del TDLC Andrea Butelmann.
El estudio señala que Puerto de Antofagasta, único terminal público de la región, moviliza una proporción menor, cercano al 13% de la zona. Agrega que ATI no es dominante, pero está sometido a una regulación «especial que lo perjudica respecto de Puerto Angamos y le ha restado participación de mercado progresivamente». El informe añade que «FCAB es usuario relevante de ATI, y que tanto FCAB como Saam son empresas relacionadas, que forman parte del mismo grupo empresarial y ambas tienen, en conjunto, un 65% de la propiedad de ATI, sería necesario elevar el umbral, al menos a dicho porcentaje, o bien, que se proceda a enajenar el exceso de participación a un tercero no sujeto a inhabilidad».
El TDLC acogió la petición de EPA y ofició a la Fiscalía Nacional Económica, ministerios y diversos actores portuarios para que aporten antecedentes sobre el tema en un plazo de 20 días.
fuente: economiaynegocios.cl